¿Qué hace que un territorio rural tenga realmente futuro?
Es una pregunta que me acompaña desde hace años, cada vez que tengo la oportunidad de conocer una organización rural, independientemente del país en el que se encuentre.
Durante mucho tiempo pensé que la respuesta estaba en la inversión, las infraestructuras o la innovación tecnológica. Y, sin duda, todos estos elementos son imprescindibles. Ningún territorio puede desarrollarse sin políticas públicas sólidas que garanticen servicios, conectividad, educación, innovación o un entorno que favorezca la actividad económica.
Sin embargo, con el paso del tiempo he comprendido que esa respuesta estaba incompleta.
Los territorios no cambian únicamente porque lleguen más recursos. Cambian cuando las personas desarrollan la capacidad de transformar esos recursos en oportunidades y de movilizar los distintos capitales del territorio —humano, social, organizacional, institucional, económico, natural, cultural y tecnológico— hacia un propósito compartido.
Quizá esa sea una de las mejores maneras de entender por qué Naciones Unidas ha decidido dedicar el 6 de julio al Día Mundial del Desarrollo Rural. Más que una conmemoración, esta fecha nos invita a replantearnos qué significa hoy hablar de desarrollo rural.
Durante décadas, el concepto estuvo ligado casi exclusivamente a la producción agrícola, la modernización del campo o el crecimiento económico. Hoy, sin embargo, organismos como la FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la OCDE coinciden en una visión mucho más amplia: el desarrollo rural consiste en crear las condiciones para que las personas puedan desarrollar sus capacidades, fortalecer sus organizaciones y construir comunidades más resilientes, sostenibles e inclusivas.
Este cambio de paradigma resulta especialmente relevante en un momento en el que los territorios rurales afrontan desafíos cada vez más complejos: la adaptación al cambio climático, el relevo generacional, la despoblación, la transformación de los sistemas agroalimentarios o la necesidad de generar nuevas oportunidades para mujeres y jóvenes.
Ninguno de estos retos puede abordarse desde un único actor.
Las políticas públicas son imprescindibles. Crean el marco que hace posible el desarrollo. Pero alcanzan su mayor impacto cuando encuentran organizaciones capaces de convertir esas oportunidades en proyectos colectivos que perduren en el tiempo.
El verdadero potencial de un territorio no reside únicamente en la fortaleza de cada uno de sus actores, sino en la calidad de las relaciones que existen entre ellos. El desarrollo rural no surge de la suma de buenas iniciativas. Surge cuando administraciones públicas, organizaciones, empresas, universidades, centros de conocimiento y ciudadanía son capaces de actuar como un ecosistema, generando relaciones de confianza, aprendizaje e innovación.
Y ahí aparece una infraestructura de la que hablamos mucho menos.
La infraestructura social del territorio.
Cooperativas, asociaciones, organizaciones de productores, entidades de economía social o grupos de acción local desempeñan una función que va mucho más allá de la actividad económica. Son espacios donde se construye confianza, se forman nuevos liderazgos, circula el conocimiento, se fortalecen las capacidades y se generan respuestas colectivas a problemas que ninguna persona podría resolver por sí sola.
En definitiva, son organizaciones que no solo impulsan proyectos. Incrementan la capacidad del territorio para seguir desarrollándose.
Con frecuencia pensamos que el desarrollo depende principalmente de los recursos disponibles. Mi experiencia me ha llevado a otra conclusión.
A lo largo de mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de trabajar junto a organizaciones rurales de distintos países. Los contextos cambian, los cultivos cambian, las culturas cambian. Sin embargo, siempre termino observando un denominador común: los territorios que mejor afrontan los cambios no son necesariamente los que cuentan con más recursos, sino aquellos que han desarrollado una mayor capacidad para conectar sus distintos capitales, construir organizaciones sólidas y cooperar en torno a un propósito compartido.
Eso no significa restar importancia a las políticas públicas. Al contrario. Significa reconocer que el desarrollo sostenible necesita ambas dimensiones. Necesita instituciones que generen oportunidades y organizaciones capaces de convertirlas en resultados para las personas.
Quizá por eso una de las lecciones más valiosas que me ha dejado la cooperación internacional es que fortalecer organizaciones es una estrategia de desarrollo.
Y también una estrategia de sostenibilidad.
Porque cuando una organización rural mejora su gobernanza, incorpora liderazgo joven, impulsa la participación de las mujeres, comparte conocimiento o desarrolla nuevas capacidades, no solo mejora su funcionamiento interno.
Está fortaleciendo el capital colectivo del territorio.
En un momento en el que hablamos de transición ecológica, innovación, inteligencia artificial o competitividad, conviene recordar que ninguna de estas herramientas desplegará todo su potencial sin personas preparadas, organizaciones sólidas e instituciones capaces de integrarlas al servicio del territorio.
Quizá el mayor cambio que ha experimentado el concepto de desarrollo rural durante las últimas décadas no sea tecnológico ni económico. Quizá sea profundamente humano.
Hoy sabemos que desarrollar un territorio no consiste únicamente en transformar su paisaje.
Consiste en fortalecer las capacidades de las personas, las organizaciones y las instituciones para que sean ellas quienes lideren su propio futuro.
Porque las políticas públicas crean oportunidades.
Las organizaciones generan capacidad colectiva.
Y son las personas, trabajando juntas, quienes consiguen transformar la realidad de sus territorios.
Constanza Fernández-Grenno
Responsable de la red de Expertos y Alianzas Estratégicas en Fundación Acodea.
Especialista en fortalecimiento organizacional, cooperación internacional y alianzas para el desarrollo. Socia de WAS
